Autoridades mexicanas deben cesar actos de intimidación y hostigamiento a defensores de personas migrantes

Autoridades mexicanas deben cesar actos de intimidación y hostigamiento defensores de personas migrantes

Organismos nacionales e internacionales respaldan su labor

Nosotras, las organizaciones firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación ante los recientes hechos de intimidación y hostigamiento perpetrados por autoridades mexicanas en contra del personal de la Casa del Migrante de Saltillo. Apoyamos plenamente el trabajo de este albergue que ha provisto asistencia a migrantes desde el 2002 en Saltillo, capital de Coahuila; un área de México que ha enfrentado considerables niveles de violencia durante la última década. La asistencia que provee la Casa del Migrante de Saltillo incluye atención médica y psicológica para aquellas personas que la necesiten, así como asesoría legal respecto a procedimientos migratorios y de deportación. Asimismo, el albergue documenta y denuncia las violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes durante su trayecto.

El pasado 20 de julio, alrededor de las 13:00 horas, cinco miembros del personal del servicio público federal, identificados como elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal, llegaron al albergue en camionetas oficiales y pretendieron ingresar a las instalaciones para realizar revisiones del estatus migratorio de las personas migrantes allí alojadas. De acuerdo al marco legal mexicano, ni las autoridades migratorias, ni mucho menos las fuerzas de seguridad, pueden realizar visitas de verificación migratoria en albergues de migrantes. Ante esto, José Luis Manzo, defensor de derechos humanos que trabaja en el albergue, no permitió la entrada de las autoridades. En consecuencia, las fuerzas policiales le amenazaron, advirtiéndole “que se estaba metiendo en un problema”.

El 23 de julio, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Saltillo se acercaron a las puertas de la Casa del Migrante de Saltillo e intentaron conducir una revisión migratoria. Personal del albergue les reiteró que ese tipo de revisiones son ilegales. No obstante, la respuesta de la policía y de la Guardia Nacional fue fotografiar y grabar al personal de la Casa del Migrante de Saltillo.

Desde el 2010, quienes trabajan en la Casa del Migrante de Saltillo cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como medidas de protección del Mecanismo de Protección del gobierno mexicano. Adicionalmente, a la luz de los últimos incidentes, el 25 de julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) emitió medidas cautelares para la protección de la Casa del Migrante de Saltillo y el Centro de Atención al Migrante Exodus (Came), otro albergue en Agua Prieta, Sonora. Mediante estas medidas la Comisión reconoce la relevante labor de estos albergues y reprocha el hostigamiento y las amenazas perpetradas por las autoridades.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) llamó a cumplir la Ley de Migración, la cual, en su artículo 76, establece que la autoridad competente “…no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes.” A su vez, el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM) señaló que, en concordancia con la ley, el INM es la única entidad con la autoridad para efectuar una verificación del estatus migratorio de un individuo.

Las múltiples agresiones y actos de hostigamiento que la Casa del Migrante de Saltillo ha enfrentado no son eventos aislados, sino, reflejo de un ambiente cada vez más hostil para la defensa de los derechos humanos de

14 de agosto, 2019

las personas migrantes, refugiadas, y en otros estatus de protección internacional en México. En los últimos dos meses, otros albergues alrededor del país han reportado preocupantes intentos de ingreso a sus instalaciones por parte las fuerzas armadas y policiales.

Finalmente, las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente al gobierno mexicano a respetar los derechos de las personas migrantes y quienes les acompañan en la defensa de sus derechos; a investigar plenamente, así como sancionar a los oficiales involucrados en el hostigamiento del personal de la Casa del Migrante de Saltillo y de otros albergues; y a efectuar completa y efectivamente las medidas de protección otorgadas a estos albergues.

Firmamos,

Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) – France Alianza Americas
Alliance of Baptists
Americans for Indigenous Opportunity

CARECEN DC
Center for International Policy Americas Program
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Centro de los Derechos del Migrante, Inc
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES) Due Process of Law Foundation (DPLF)
Foro Honduras Suiza
Franciscan Action Network
Friendship Office of the Americas
Global Exchange
Iniciativa para México de Colonia y Bonn
Initiative Mexiko (INI-Mex)
Institute for Policy Studies – Global Economy Project
JASS (Asociadas por lo Justo)
Justicia Ontario
Latin America Working Group (LAWG)
Leadership Conference of Women Religious
Maryknoll Office for Global Concerns
México vía Berlín
Misereor
Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia
Open Society Justice Initiative
Pacta Servanda
Quixote Center
Robert F. Kennedy Human Rights
Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team
Unitarian Universalist Service Committee (UUSC)
United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Washington Office on Latin America (WOLA)
World Organisation Against Torture (OMCT)

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