A seis años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, sigue la impunidad. Debido a la exportación ilegal de armas, Alemania también comparte la responsabilidad por lo ocurrido.

Stuttgart, 24 de septiembre de 2020. Continúa la incertidumbre. Después de seis años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familiares siguen sin saber ni las causas de este crimen ni quienes fueron sus autores. Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, la policía local de Iguala, perteneciente al estado de Guerrero, en el sur de México, secuestró a 43 estudiantes, mató a seis personas e hirió a 40 más. El papel del ejército en los hechos no ha sido aclarado. Solamente los restos de dos, de los cuarenta estudiantes desaparecidos, han sido localizados.

“Los familiares siguen buscando verdad y justicia”, declara Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que da acompañamiento legal a los familiares. Gracias a la presión que se ha hecho se han producido algunos avances, que aún son insuficientes, después de años en que se han ido poniendo trabas al caso por motivos políticos.

El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha creado una comisión de la verdad y ha permitido que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) regrese a México. Este grupo consiguió que el gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto, les autorizara para hacer una investigación imparcial de los hechos. Sin embargo, su labor tuvo que interrumpirse en el 2016 después de sufrir una masiva obstaculización y difamación. La GIEI demostró que las autoridades mexicanas habían investigado de forma insuficiente los hechos y que buscaban imponer de forma deliberada una interpretación errónea de los mismos que denominaban “la verdad histórica”. Según la misma, miembros del cártel de la droga local “Guerreros Unidos” fueron quienes quemaron aún con vida a los 43 normalistas en un basurero. En julio de ese año esta mentira del estado fue nuevamente rebatida al identificarse los restos de uno de los estudiantes desaparecidos, Christian Alfonso Rodríguez.

La Coordinación alemana por los derechos humanos en México demanda el completo esclarecimiento del caso, en el que se ha probado que la policía utilizó fusiles de asalto de la empresa Heckler & Koch. “Debido a la exportación ilegal de estas armas, Alemania también comparte la responsabilidad por lo ocurrido”, indica Carola Hausotter, coordinadora de la organización de derechos humanos. “La continuación de la impunidad no solo es insoportable para los familiares, sino que impide que esta clase de delitos puedan ser prevenidos en el futuro. Alemania debería apoyar el esclarecimiento de los hechos por todos los medios a su alcance”. La desaparición forzada es un delito extendido en México. Según cifras oficiales más de 73.000 personas han sido declaradas como desaparecidas. La impunidad para los perpetradores es la norma. Ayotzinapa es un caso ejemplar que muestra el destino sufrido por otras personas desaparecidas en México.

Contactos para más información:

Tobias Lambert, Prensa y Comunicación, Coordinación alemana por los derechos humanos en México,

Tel: +49 (0)157 – 71 73 08 93 / presse@mexiko-koordination.de

Dr. Carola Hausotter, Coordinación alemana por los derechos humanos en México,

Tel: +49 (0)711 57 64 68 79 / info@mexiko-koordination.de

La Coordinación alemana por los derechos humanos en México es una red integrada por:

Obra pastoral para Latinoamérica Adveniat, Amnistía Internacional Alemania, A.C., Carea A.C., Centro Franciscano de Desarollo y Misión, Companer@s de México del Sur A.C., Iniciativa para México de Colonia y Bonn, Initiative Mexiko (INI-MEX), México vía Berlín A.C., Obra Episcopal MISEREOR, Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia A.C., Pacta Servanda A.C., Pan para el Mundo, pax christi / Comisión Solidaridad Un Mundo, Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, Promovio y Zapapres A.C.