El Estado mexicano tiene el deber de garantizar una protección eficaz a las y los periodistas
Berlín, 2 de febrero de 2022. Ha sido un mes de enero sangriento. Con José Luis Gamboa en Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado López en Tijuana y Roberto Toledo en Michoacán, son ya cuatro los periodistas mexicanos asesinados desde principios de año. Así, en el año 2022, continúa la tendencia a reprimir cada vez más con violencia las libertades de expresión y de prensa.
La organización de defensa de los derechos humanos Artículo 19 ha reportado que, desde el año 2000, al menos 148 periodistas han sido asesinados por razones vinculadas a su trabajo. En ningún otro país del mundo en los últimos años han muerto tantos trabajadores de los medios de comunicación, víctimas de asesinatos. Además, son muy pocos los casos que se resuelven.
“La impunidad mata”, subraya la periodista de investigación Marcela Turati. “El hecho de que más del 90% de los asesinatos no se resuelvan, es una invitación a todos aquellos que quieran silenciar a un periodista”. Los crímenes deben ser investigados de forma independiente y las investigaciones deben centrarse en el ejercicio de la profesión periodística, destaca Turati. “Esto es lo que venimos exigiendo desde hace muchos años. La mayoría de las veces sólo empiezan a investigar cuando hay protestas públicas”. La semana pasada, en muchas ciudades mexicanas, las y los periodistas salieron a las calles para exigir el fin de la violencia en su contra y una mayor protección.
Quienes investigan los carteles de la droga o la corrupción estatal, se enfrentan a intimidaciones, amenazas, campañas de desprestigio público, así como a la vigilancia ilegal por parte del crimen organizado o de los organismos estatales. “El Estado mexicano debe investigar los crímenes, proteger eficazmente a los periodistas y permitirles ejercer su profesión sin miedo”, afirma Françoise Greve, de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México. “El nuevo gobierno y los miembros del Parlamento de Alemania deben incluir la protección eficaz de los periodistas y la libertad de prensa como una prioridad en la agenda de las conversaciones bilaterales y demandar su implementación”.
El mecanismo estatal para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, creado en 2012, no cuenta con la financiación suficiente ni con el equipo técnico y personal adecuado. La periodista Lourdes Maldonado López, asesinada en el mes de enero en Tijuana, había sido incluida en el programa de protección, sin embargo, esto no la ayudó. Debido a sus artículos sobre casos de corrupción a nivel local, fue amenazada en repetidas ocasiones, entre otros, también por políticos. En el año 2019, expuso ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una de sus conferencias de prensa matutina, su miedo a ser asesinada.
Al inicio de su mandato, López Obrador prometió apoyar la libertad de prensa y los derechos humanos. Sin embargo, su relación con los medios de comunicación ha sufrido una fractura. El presidente arremete regularmente contra los medios y periodistas que son críticos con su gobierno, acusándoles de ignorancia o de corrupción. De este modo, él mismo alimenta un clima hostil contra el gremio de periodistas. Desde la toma de posesión de López Obrador, en diciembre de 2018, ya han sido asesinados 29 profesionales del periodismo.
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Tobias Lambert, Prensa y Comunicación, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Tel: +49 (0)157 – 71 73 08 93 / presse@mexiko-koordination.de
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