Los rifles alemanes de asalto G36 fueron exportados ilegalmente a varios Estados de México, entre ellos Guerrero. Eso quedó probado durante el juicio contra la empresa armamentística Heckler & Koch (H&K) con la sentencia de 21 de febrero de 2019. Los policías que las usaron estaban involucrados en graves violaciones de derechos humanos en México.
Dos antiguos empleados fueron condenados a penas de cárcel que no conllevaron su ingreso en prisión. El tribunal de justicia de Stuttgart declaró probado que formaron “una banda” dentro de la empresa para la exportación ilegal de armas a México. Los empleados de H&K manipularon “la declaración de destino final” para que las armas pudieran llegar a estados de México a los que no está permitida la exportación. El tribunal condenó a la empresa a pagar una sanción economica de 3.7 millones de euros, cantidad equivalente al valor total de las ventas ilegales a dichos estados. Durante los años 2006 y 2007, Heckler&Koch exportó un total de 4.500 rifles de asalto G36 al estado mexicano de Guerrero, en el que la situación de violaciones de derechos humanos se considera especialmente grave. Los rifles fueron utilizados durante las actuaciones de la policía local que llevaron a la detención y posterior desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, al asesinato de 6 personas por parte de la policía y a las lesiones graves de cuarenta más. Estos hechos siguen sin haber sido debidamente investigados.
La desaparición forzada de personas es una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en México. Ya antes del proceso contra la firma Heckler & Koch, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México venía denunciando la relación entre las exportaciones ilegales de armas y las violaciones a los derechos humanos en el país.
Las organizaciones miembros de la red señalaron al inicio del proceso que el gobierno alemán conocía la preocupante situación de los derechos humanos en México cuando autorizó la venta de las armas. La prohibición de que se exportaran los fusiles de asalto G36 a algunos estados mexicanos especialmente conflictivos no era sostenible desde una perspectiva de derechos humanos. “La declaración de destino final” parece haber sido la fórmula de compromiso que se encontró para hacer posibles estas exportaciones. Las víctimas, sus familias y las organizaciones de derechos humanos en México dieron seguimiento al proceso desde sus inicios. El hermano de uno de los estudiantes heridos estuvo presente entre el público durante una de las audiencias orales en 2018.
La Coordinación alemana por los derechos humanos en México rechaza la exportación de armas a México cuando exista riesgo de que sean utilizadas para cometer o facilitar violaciones de derechos humanos. La red se suma a las demandas para que las autoridades alemanas refuercen y sistematicen los instrumentos de control sobre el destino final y el uso de las armas que se venden desde este país.
