La desaparición masiva y sistemática de personas en México obliga a sus familiares a demandar que estos crímenes se esclarezcan.
Aachen, Berlín, 27 de agosto de 2020. Son unas cifras terribles, según el registro oficial del gobierno más de 73.000 personas en México están desaparecidas. El 98 % de los casos se han registrado a partir del año 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Por lo general, sólo unos pocos casos emblemáticos como la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el año 2014 reciben atención a nivel internacional. Este caso evidenciaba claramente los lazos que hay entre los funcionarios públicos y el crimen organizado y aún está lejos de haber sido esclarecido.
Sin embargo, en los últimos años se han logrado avances tanto a nivel jurídico como en el reconocimiento oficial a esta problemática en México. “Hemos avanzado ya en los marcos normativos”, declara Dolores González de la organización de derechos humanos Serapaz (Servicios y asesoría a la paz). Como resultado de las presiones de la sociedad civil, el Congreso de la Unión aprobó una ley contra la desaparición forzada de personas que también creó la Comisión Nacional de Búsqueda en el año 2017. El actual presidente Andrés Manuel López Obrador se ha reunido con los familiares de desaparecidos y ha prometido la investigación de estos crímenes. La nueva Fiscalía General de la República, creada en 2019, tiene el mandato de investigar los delitos con independencia del poder ejecutivo.
El gran reto actualmente es la consolidación y coordinación en el funcionamiento de estas instituciones. Dolores González resalta que “esto solo se puede conseguir por medio de la transparencia y de la vinculación con los familiares”. Ellos siguen viviendo con la incertidumbre de si las personas desaparecidas han sido secuestradas, torturadas o asesinadas. Con frecuencia son los mismos familiares quienes asumen el esfuerzo de la búsqueda de los restos de sus desaparecidos.
Desde el 2019 existe, dentro del sistema nacional de búsqueda un “Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense” que cuenta con colaboración internacional. Su finalidad es apoyar en el proceso de identificación de los restos de personas. El gobierno alemán contribuye de manera activa al diseño de este proyecto, por medio de una línea de trabajo sobre el estado de derecho de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). „Apoyamos de manera expresa la contribución de Alemania, ofreciendo apoyo técnico al importante proceso de identificación de las víctimas”, señala Catharina Köhler, responsable para México en Misereor. “Deseamos que las autoridades alemanas insistan aún más al gobierno mexicano sobre la necesidad de fortalecer las instituciones y estructuras del estado de derecho. Sólo cuando la impunidad sea combatida de forma eficaz, los casos de desaparición forzada sean esclarecidos y los autores de los crímenes sean llevados ante la justicia se podrá luchar realmente contra estos crímenes”.
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