Nueve años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el crimen aún debe esclarecerse.
Berlín, 21 de septiembre de 2023. Los familiares de las víctimas siguen esperando verdad y justicia. A pesar de que se han cumplido nueve años desde la desaparición violenta de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el caso no ha sido resuelto en su totalidad. Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, la policía local de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, secuestró a 43 estudiantes, mató a seis personas e hirió a otras cuarenta.
Después de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, a finales de 2018, se produjeron avances en la investigación, impulsados principalmente por la presión ejercida por los familiares y la sociedad civil.
El actual gobierno creó una Comisión para la Verdad y permitió el regreso al país del Grupo Internacional de Expertos (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de un trabajo minucioso, el Grupo ha podido refutar de manera contundente la “verdad histórica” sobre los hechos que sostenía el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este, intentó imponer una interpretación deliberadamente falsa de los acontecimientos. Según esta versión, el cártel de droga “Guerreros Unidos” habría quemado vivos a los 43 estudiantes de magisterio en el basurero de Cocula. Los expertos del GIEI han encontrado también indicios claros de que el ejército y las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de la ubicación y el paradero de los estudiantes desaparecidos a través de dispositivos y medidas de vigilancia que venían implementando.
Hasta la fecha, según cifras oficiales, 116 personas han sido detenidas en relación con este crimen, de ellas 14 son militares. Sin embargo, es poco probable que el caso llegue a resolverse por completo. Sólo se han encontrado restos humanos de tres de los estudiantes desaparecidos y todo apunta a que, por motivos políticos, el gobierno quiere poner punto final a la investigación antes que termine el periodo presidencial el próximo año.
El GIEI dio por terminado su mandato a finales de julio. En su informe final, subrayó la responsabilidad del ejército y de otras instituciones del Estado. “La decisión tomada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mostró que la Fiscalía General de la República y las Fuerzas Armadas obstaculizan la búsqueda de desaparecidos “, afirma María Luisa Aguilar Rodríguez, de la organización de derechos humanos Centro Prodh, quien también señala que “particularmente los militares, hoy más empoderados que nunca, siguen sin entregar toda la información relacionada con el caso”.”
Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del estado de Guerrero, exige al gobierno mexicano una respuesta adecuada ante el informe final del GIEI. “El ejército mexicano debería poner a disposición de las autoridades civiles que investigan el caso Ayotzinapa toda la información que recabaron en tiempo real el día de la desaparición de los 43, necesaria para que las víctimas obtengan verdad y justicia.” Tanto Tlachinollan como el Centro Prodh llevan años apoyando a los familiares en su lucha por la verdad y la justicia. Por este motivo, han sido objeto de críticas e incluso de vigilancia por parte del Estado.
“La clase política alemana debería demandar una investigación exhaustiva de este caso, entre otros motivos porque en su momento se demostró que la policía de Iguala utilizó fusiles Heckler & Koch G-36 en el ataque a los estudiantes”, explica Françoise Greve, coordinadora de la Coordinación alemana por los derechos humanos en México, quien además expresó que “para garantizar que este tipo de crímenes no se repitan en el futuro, se debe poner fin a la impunidad existente”.
Según cifras oficiales, México ha documentado más de 110.000 personas desaparecidas. Ayotzinapa es considerado uno de los casos más emblemáticos y representativos del destino de otros desaparecidos.
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