Una década después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el nuevo gobierno de México hereda la deuda con las familias de las víctimas y la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos.
Berlín, 23 de septiembre de 2024. Para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el sexenio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador finaliza de forma decepcionante. Después de su última reunión con el presidente a finales de agosto, las familias anunciaron que ya no había fundamento para continuar con el diálogo. Denunciaron que no existe una verdadera disposición a cooperar, en especial en lo que respecta a investigar la implicación de los militares en los crímenes.
Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, fueron desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala después de ser atacados por efectivos de la policía local. En el ataque murieron seis personas y varios estudiantes fueron gravemente heridos. La versión inicial de los hechos, con el gobierno del presidente Peña Nieto fue que los estudiantes habían sido incinerados por integrantes del crimen organizado en un basurero cercano a la zona. Sin embargo, un grupo de expertos internacionales (GIEI), una Fiscalía Especial y una comisión de la verdad desmintieron esta llamada “Verdad Histórica” durante el mandato del actual gobierno.
María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a las familias de las víctimas, explica que la incertidumbre sobre lo ocurrido y el paradero de los estudiantes es angustiante para ellas: «En 2018, la promesa del gobierno de López Obrador fue el esclarecimiento del Caso Ayotzinapa y las familias continuaron luchando para que esto fuera una realidad. Al final de la gestión, pesaron más los tiempos políticos, la protección al Ejército y la incapacidad de la Fiscalía General de la República. Es una gran decepción.» Sin embargo, a pesar de la ruptura con López Obrador, las familias quieren continuar el diálogo con la nueva presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que tomará posesión el 1 de octubre. «Diez años después del crimen, ya es hora de que el nuevo Gobierno dé prioridad a la búsqueda de los 43».
Ante las pruebas de que los militares estaban informados sobre el paradero de los 43, en 2022 el entonces presidente de la Comisión de la Verdad Alejandro Encinas calificó lo hechos como “crimen de Estado”. Pero, desde entonces, la investigación se ha estancado. En septiembre de 2022, el Fiscal Especial Omar Gómez Trejo se vio obligado a renunciar después de que la Fiscalía General de la República cancelara las órdenes de detención contra varios militares. En julio de 2023, el GIEI cesó sus funciones. En su informe final, destacaron la participación de autoridades en todos los niveles de gobierno en el encubrimiento del crimen, así como el bloqueo para esclarecer todos los hechos desde la Secretaría de la Defensa Nacional. Recientemente, el gobierno mexicano respondió con hostilidad a las demandas de que se aclarara el caso: incluso en agosto de 2024, López Obrador acusó a las familias y a las organizaciones de derechos humanos de conspirar contra las fuerzas armadas.
Mientras tanto, el número de personas víctimas de desaparición forzada alcanzó o un nuevo récord. «El nuevo gobierno tiene una deuda de verdad y justicia no sólo con las familias de los 43 de Ayotzinapa, sino con todos los y las familiares de las más de 115.000 personas desaparecidas en México. Todas ellas tienen derecho a ser buscadas y localizadas», destaca Françoise Greve, coordinadora de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México. Recordando que los fusiles G-36 de la empresa alemana Heckler & Koch fueron exportados ilegalmente a México y utilizados en el ataque contra los estudiantes, Greve hace un llamado al gobierno aleman para que asuma responsabilidad: “En agenda de conversaciones bilaterales con el futuro gobierno mexicano el gobierno alemán debería dar seguimiento al caso de Ayotzinapa y seguir dialogando sobre soluciones al problema de la impunidad sistemática en México.”
Para más información, puede contactar con:
Nikolas Grimm, Prensa y Relaciones Públicas
Tel: +49 (0)160 92832791/ presse@mexiko-koordination.de
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México es la red formada por:
Acción Episcopal Adveniat para América Latina, Amnistía Internacional Alemania, Pan para el Mundo, CAREA e.V., Iniciativa México (INIMEX), México vía Berlín, Iniciativa México Colonia-Bonn, MISEREOR, Mission-Prokur SJ de Alemania, Misión Central Franciscana, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia e.V., Pacta Servanda e.V., Partner Südmexikos e.V., pax christi Kommission Solidarität Eine Welt, Promovio e.V. Casa del Mundo Bielefeld y Zapapres e.V.
