En el marco del 12.º aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, organizaciones de México y Alemania exigen en una carta abierta: El estado federado alemán de Baden-Wurtemberg debe asumir su responsabilidad por las consecuencias de las exportaciones ilegales de armas a México. La sanción económica impuesta a la empresa armamentística Heckler & Koch, con sede en dicho estado, debe destinarse a apoyar a las víctimas en México.

Berlín, 23 de septiembre de 2026. En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada en la ciudad mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero, tras ser atacados por fuerzas policiales locales. Este acto de violencia es considerado uno de los crímenes contra los derechos humanos más graves en la historia reciente de México y, en 2022, fue catalogado como un “crimen de Estado” por la Comisión de la Verdad convocada por el gobierno, debido a la implicación de actores estatales.

Con motivo de este aniversario, organizaciones de México y Alemania recuerdan que en el crimen se utilizaron de manera comprobada fusiles de asalto G36 exportados ilegalmente por Heckler & Koch, empresa armamentística con sede en el estado federado de Baden-Wurtemberg. Por estas entregas ilegales, el Tribunal Regional de Stuttgart condenó en 2019 a dos empleados de la empresa y ordenó a Heckler & Koch el decomiso de los ingresos obtenidos por las ventas. En mayo de 2026, la empresa pagó a la Tesorería del estado de Baden-Wurtemberg la suma de aproximadamente 3,7 millones de euros, una resolución que contaba con sentencia desde 2021.

Atender a las víctimas del tráfico ilegal de armas

En una carta abierta dirigida al Ministro Presidente de Baden-Württemberg Cem Özdemir, las organizaciones señalan un gran vacío en el proceso judicial llevado a cabo hasta ahora sobre las exportaciones ilegales: En ningún momento de todo el proceso judicial alemán se tomó en cuenta a las personas afectadas por estas prácticas de exportación irresponsables. Sin embargo, los sobrevivientes y sus familiares sufren hasta el día de hoy las graves consecuencias del crimen. Un ejemplo es el estudiante Aldo Gutiérrez Solano, quien recibió un impacto de bala en la cabeza la noche de los hechos. Desde entonces se encuentra en estado vegetativo y requiere de cuidados especializados continuos.

“Las familias afectadas llevan doce años luchando incansablemente por la verdad y la justicia, así como también cargan con los enormes impactos de salud y psicosociales de este crimen”, explica Françoise Greve, coordinadora de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México. Esta red de derechos humanos es una de las organizaciones firmantes de la carta. “Es un imperativo de justicia que los ingresos decomisados beneficien a las familias y comunidades afectadas en México”.

El gobierno estatal debe abogar por la reparación integral del daño

Las organizaciones exigen al gobierno del estado federado que evalúe las vías legales y políticas para destinar estos fondos a las familias de las víctimas y a las comunidades afectadas en el estado de Guerrero. En concreto, se deben financiar proyectos que brinden atención psicosocial y de salud, que documenten y esclarezcan las violaciones a los derechos humanos, y que establezcan garantías de no repetición para evitar que crímenes de esta naturaleza vuelvan a ocurrir.

“La sentencia del Tribunal Regional de Stuttgart representó un precedente importante respecto de la responsabilidad empresarial en el comercio internacional de armas. Promover mecanismos de reparación social en favor de las personas afectadas permitiría que las consecuencias de este procedimiento judicial tengan también un impacto positivo más allá del ámbito penal y contribuyan al fortalecimiento de los derechos humanos”, declaran las organizaciones en la carta abierta.

Entre los firmantes de la carta abierta se encuentran las organizaciones de derechos humanos mexicanas Centro Prodh / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Ohne Rüstung Leben, Pax Christi/Deutsche Sektion y la Pax Christi Kommission Rüstungsexport, el RüstungsInformationsBüro (RIB), la Informationsstelle Militarisierung (IMI), la Campaña Aktion Aufschrei – ¡Detengan el tráfico de armas!, la Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (Bundesverband), la Association of Ethical Shareholders Germany, y, a título personal, el abogado Holger Rothbauer.”

Para más información puede contactar con:

Nikolas Grimm, Relaciones Públicas, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México

Tel: +49 (0)160 92832791 / presse[at]mexiko-koordination.de

La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México es una red formada por:

Acción Episcopal Adveniat, Amnistía Internacional Alemania, Brot für die Welt, Franziskaner Helfen / Centro Franciscano de desarrollo y misión, Initiative Mexiko (INIMEX), jesuitenweltweit, Kindermissionswerk «Die Sternsinger» (Obra Pontificia de la Infancia Misionera en Alemania), México vía Berlín,  Iniciativa Derechos Humanos México Colonia, Obra Episcopal Misereor, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, Pacta Servanda, Partner Südmexikos, pax christi – Comisión Solidaridad Un Mundo, Promovio, Welthaus Bielefeld, Zapapres