México tiene las instituciones propias de un Estado de derecho pero, ante las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, no garantizan un recurso efectivo a las víctimas. Ningún gobierno ha logrado que la impunidad baje del 96 por ciento de los casos.

En los últimos años, las organizaciones de la sociedad civil se han posicionado impulsando reformas y han logrado cambios legislativos. En el año 2017, por ejemplo, se aprobaron las leyes contra la tortura y la desaparición forzada, pero en la práctica no han servido para prevenir la comisión de estos delitos.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el cargo desde diciembre de 2018, también ha retomado algunas propuestas de la sociedad civil. A inicios de 2019, esta administración dio un paso importante con la creación de una nueva fiscalía general. El objetivo declarado de la reforma es transformar la fiscalía en una institución independiente. Sin embargo, sigue siendo el ejecutivo quien propone y nombra al fiscal general de la república, con lo que su independencia no queda garantizada. En el trabajo concreto de la institución aún no se han apreciado avances. Las organizaciones de la sociedad civil observan este proceso de manera crítica y recuerdan que las reformas necesarias aún están pendientes de implementación.

Otros proyectos del gobierno como la creación de una policía militarizada “la Guardia Nacional”, o el empleo de elementos del ejército en tareas de seguridad pública no ofrecen, desde la perspectiva de la sociedad civil, ningún avance para la mejora de la situación de los derechos humanos. Desde hace décadas, el ejército ha estado implicado en graves violaciones de estos derechos. Para que los principios de un Estado de derecho sean efectivos en México las demandas de las organizaciones de la sociedad civil deben ser implementadas, se deben cumplir las leyes y los responsables por los delitos han de ser enjuiciados.