“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”
Artículo 1 – Declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos
En México, un país con una de las tasas de violencia más altas del mundo, las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo sumamente peligroso. Quienes denuncian violaciones a los derechos humanos a menudo se convierten en el objetivo de quienes buscan encubrir estas violaciones y eludir la acción legal. Esto se manifiesta a través de amenazas, difamación pública, violencia, persecución judicial injusta e incluso el asesinato.
Según cifras de la red Espacio OSC (Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas), al menos 177 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en México desde 2016 en presunta relación con su labor. Además, 37 personas más han sido víctimas de desapariciones forzadas. Así, México se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para las y los defensores de los derechos humanos. La violencia es generalizada, aunque las personas defensoras en zonas rurales, integrantes de pueblos originarios y comunidades indígenas, los activistas que luchan por los derechos de la diversidad de género y sexual y las mujeres e enfrentan a un riesgo especialmente alto.
Las y los defensores de derechos humanos son amenazados tanto por actores criminales como estatales, y en la compleja situación de seguridad de México a menudo no es fácil distinguir la división entre ambos. En particular, las personas defensoras indígenas que defienden los derechos territoriales de sus comunidades y la protección del medio ambiente frecuentemente sufren acoso judicial o por parte de las autoridades, que puede incluir detenciones arbitrarias y encarcelamientos prolongados sin juicio. Otro problema importante es la vigilancia sistemática e ilegal que Estado hace contra personas de individuos y organizaciones que defienden los derechos humanos.
En 2012, frente al creciente número de agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, se creó un mecanismo de protección. Si bien este mecanismo ofrece herramientas técnicas y operativas para fortalecer la seguridad de quienes se encuentran en riesgo, su implementación sigue presentando deficiencias significativas. Muchos asesinatos son precedidos por años de amenazas conocidas por las autoridades, que, aun teniendo esta información, no adoptan medidas suficientes para salvaguardar la vida de las personas amenazadas.
Por su labor indispensable, las y los defensores de los derechos humanos a menudo reciben un reconocimiento insuficiente por parte del gobierno. Con frecuencia, sus advertencias sobre la magnitud de la violencia que afecta a grandes partes del país son minimizadas o relativizadas. En el pasado, esto también incluyó ataques verbales directos y difamación contra organizaciones de derechos humanos reconocidas. En una situación de amenaza ya de por sí grave, esto expone a los defensores a riesgos adicionales innecesarios.
Las organizaciones parte de la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México organizan espacios de intercambio entre representantes de la sociedad civil mexicana y tomadores de decisión a nivel alemán y europeo. Nuestro objetivo es que la protección de las personas defensoras de los derechos humanos se incorpore en la agenda política de las relaciones bilaterales entre Alemania, la Unión Europea y México. Es necesario impulsar reformas que garanticen la protección de los y las defensoras de los derechos humanos en México.
