El gobierno mexicano debe proteger a las personas migrantes e investigar las vulneraciones de sus derechos.
Berlín, 27 de abril de 2023 – Hace un mes, el 28 de marzo, al menos 40 personas murieron como consecuencia del incendio en un centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez, en el norte de México. Esta tragedia constituye una muestra del carácter restrictivo de la política migratoria. Otras repercusiones de la misma, se reflejan en los enormes peligros a los que se exponen las personas migrantes a través de las rutas de tránsito, al verse obligadas a abandonar sus países de origen en Centro o Sudamérica, de donde salen huyendo de la violencia, la persecución o las consecuencias del cambio climático.
“Lo sucedido en Ciudad Juárez, muestra el grado más grave de la implementación en México, de políticas migratorias que violan derechos humanos, políticas que han sido impulsadas por Estados Unidos, y toleradas e implementadas por México “, denuncia Ana Lorena Delgadillo, directora de la organización mexicana de derechos humanos Fundación para la Justicia (FJEDD).
El gobierno mexicano intenta frenar la migración hacia los Estados Unidos militarizando su política migratoria y recurriendo a la detención y deportación masiva de migrantes. Uno de los efectos que conllevan estas medidas es el de forzar a la población migrante a utilizar rutas de tránsito cada vez más peligrosas, quedando a merced del crimen organizado.
Las organizaciones mexicanas de derechos humanos vienen denunciando desde hace años esta política de criminalización y detención de migrantes. “México debe construir vías seguras de tránsito para las personas y mejorar su sistema de asilo” señala Delgadillo. Además, es necesario que estas y otras vulneraciones de derechos, como desapariciones y masacres, por ejemplo la masacre de 19 migrantes en Camargo, en el estado de Tamaulipas, en enero de 2021, sean investigadas de forma sistemática y los responsables de las mismas procesados.
La FJEDD, de forma conjunta con los familiares de migrantes desaparecidos en esta región, propone que se constituya una Comisión Especial auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, para facilitar avances en las investigaciones sobre masacres y desapariciones de personas migrantes a cargo de la Fiscalía General de la República. “El caso de Ciudad Juárez debe inclurse en esta Comisión Especial“, afirma Delgadillo.
“Los países de destino y tránsito deben proteger los derechos de los migrantes cumpliendo las normas internacionales. La creación de una Comisión Especial en México, amparada por la ONU, sería un paso importante para ayudar a esclarecer casos anteriores de violaciones de derechos humanos”, subraya Franziska Wild, responsable para México de Pan para el Mundo. ” Esta propuesta debería ser apoyada por el gobierno alemán en el marco de su diálogo bilateral con México”. La Fiscalía General de la República se ha mostrado receptiva a la idea de un posible apoyo técnico desde Naciones Unidas, pero aún no se han dado pasos concretos para avanzar en esta iniciativa.
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