La desaparición forzada ocurre cuando una persona es privada de su libertad por agentes del Estado o por personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. El paradero y la suerte de la víctima son ocultados por los perpetradores, lo que priva a la persona desaparecida de toda protección jurídica. Para las familias, esto representa una angustiosa incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos.
En México, este fenómeno tiene antecedentes claros: ya desde finales de los años sesenta hasta mediados de los ochenta, durante la llamada “Guerra Sucia”, las fuerzas de seguridad del Estado desaparecieron a miles de personas. El trasfondo fue la represión contra movimientos sociales de oposición y grupos guerrilleros. A partir de 2006, el número de desapariciones se disparó de manera alarmante cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico” y desplegó al ejército en distintas regiones del país. Casos como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, o el hallazgo de hornos clandestinos con restos humanos en Teuchitlán, Jalisco, en 2025, visibilizan en la esfera internacional lo que organizaciones mexicanas de derechos humanos han denunciado desde hace años.
Más de 125,000 personas desaparecidas
México es Estado Parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, mismo que ratificó en 2008. Con ello, el país se comprometió no solo a tipificar la desaparición forzada como delito, sino también a adoptar medidas de prevención y a reconocer los derechos a la búsqueda, verdad y la reparación. Sin embargo, a pesar de estas obligaciones, la desaparición forzada sigue ocurriendo de manera sistemática en México.
A mediados de 2025, según cifras oficiales, en México hay más de 125,000 personas desaparecidas. No obstante, organizaciones de la sociedad civil consideran que existe una cifra negra considerablemente mayor. Las familias de las personas desaparecidas, a menudo abandonadas por las autoridades, deben lidiar día a día con la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos. Pocos casos son investigados y aclarados judicialmente. Las familias buscan y luchan casi siempre solas por la verdad y la justicia, sin recibir la protección ni el apoyo adecuados por parte del Estado. Hasta junio de 2025, se habían registrado al menos 17 asesinatos de familiares de personas desaparecidas desde el año 2019.
Ley contra la desaparición forzada: un logro de la sociedad civil
Gracias a la lucha de las familias buscadoras, que se han organizado en colectivos, y a organizaciones mexicanas de derechos humanos, México aprobó en 2017 la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley establece procedimientos obligatorios para la búsqueda de personas desaparecidas y creó nuevas instituciones, como las Comisiones de Búsqueda y Fiscalías Especializadas. Además, contempla una base de datos forense y centros forenses especializados para avanzar en la identificación de más de 70,000 cuerpos y restos humanos no identificados.
Desde entonces, organizaciones de la sociedad civil y familiares han exigido que la ley se implemente de manera efectiva y cuente con los recursos financieros y operativos necesarios. Uno de los principales desafíos sigue siendo que el Estado minimiza públicamente la magnitud de la crisis de desapariciones y, sobre todo, su propia responsabilidad en ella, atribuyendo los hechos únicamente a redes y organizaciones criminales.
El trabajo de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
Las organizaciones que integran la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México se han propuesto visibilizar en Alemania y Europa el tema de la desaparición forzada en toda su complejidad. Retomamos las demandas de las familias y buscamos impulsar acciones por parte de responsables políticos. Esto lo hacemos a través de trabajo de incidencia política, redes de colaboración y actividades de comunicación. La Coordinación Alemana ha organizado diversos eventos sobre el tema y elaborado materiales informativos.
Definición de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas:
[Se entiende por] “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.